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Enviado por ALEJANDRO DREWES y por Horacio Mario Aguilar
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Asunto: Información
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Fecha: lunes, 2 de marzo de 2009, 10:32 pm
Buenos Aires, 16 de febrero 2009 Sra Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández S----------- -----/--- --------- ---DDe nuestra mayor consideración:Por medio de la presente los abajo firmantes, representantes y miembros de organizaciones sociales y de Derechos Humanos, nos dirigimos a Ud. para manifestarle nuestra profunda conmoción ante la determinación de nuestros hermanos y hermanas de La Quiaca que para ser atendidos, debieron apelar nuevamente a medidas extremas como la de encarar una huelga de hambre, ante el hambre, la pobreza extrema, la desocupación, la desnutrición infantil y la falta de esperanza para los jóvenes. Fue esta acción decidida para lograr ser escuchados y obtener soluciones a sus reclamos, lo que logró obtener respuestas parciales de los gobiernos: municipal, provincial y nacional. La lucha de la Multisectorial de La Quiaca y la Puna nos muestra una vez más que el camino para defender nuestra vida y dignidad y para lograr justicia social es la unidad, la organización y la movilización de nuestro pueblo. La situación denunciada en la Puna lamentablemente se reitera en otras regiones y zonas de nuestro país, es por eso que queremos resaltar algunas de las injusticias más flagrantes para reclamar cambios en las políticas públicas y reorientarlas a fin de asegurar la distribución equitativamente de los ingresos y la inclusión social. Desde el colapso del modelo neoliberal a fines de 2002 se produjo una reactivación económica que logró cierta reducción del número de familias pobres e indigentes. Sin embargo, los pilares de dicho modelo expresados en la continuidad del pago de la inmoral deuda externa, la extranjerizació n de la economía, mantenimiento de las espurias privatizaciones de empresas públicas y subsidios a los grupos económicos más concentrados se mantienen en pie. El mayor crecimiento económico no tuvo correlatos significativos para alterar un patrón distributivo que beneficia principalmente las capas más privilegiadas. La brecha de la pobreza, o sea la distancia que separa a las familias que permanecieron bajo la indigencia o pobreza de la posibilidad de adquirir con sus ingresos los bienes y servicios básicos, se amplió para los indigentes y se redujo levemente en el caso de la pobreza. La política nacional referida a los planes de empleos fijaron el piso salarial y no sólo no se aseguró la universalidad de los planes de empleo a quienes estaban desocupados y sin otras fuentes de ingresos, sino que tampoco se ajustaron los ingresos otorgados que se mantuvieron congelados o recibieron tenues aumentos que no acompañaron la evolución de los precios por la inflación. La redistribució n de la riqueza implica gravar a los que más tienen y reorientar la asignación de recursos para atender las necesidades de nuestro pueblo. Por esto creemos necesario recuperar la soberanía nacional encarando medidas de nacionalizació n de los recursos estratégicos y reorientando el presupuesto nacional a la creación masiva de empleo y la mejora del nivel de vida popular. Ante el colapso del modelo de valorización financiera a nivel internacional, creemos indispensable aplicar todas las medidas necesarias para responder a las demandas de nuestro pueblo, especialmente de la población pobre e indigente. Todo esfuerzo de organización tendiente a fortalecer la autogestión y el control sobre la producción, comercializació n y consumo debe ser promovido y alentado desde los ámbitos públicos para evitar que la crisis internacional capitalista recaiga sobre nuestro pueblo y no sobre sus responsables. En este sentido consideramos que en estos momentos de crisis es urgente reasignar los recursos destinados a pagar la deuda ilegítima e ilegal, que atenta contra los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales de todos los argentinos, destinándolos a saldar la inmensa deuda social y ecológica que heredamos injustamente. Creemos que es imperioso tomar medidas para realizar una auditoría o una investigación de la deuda externa, como ya se hizo o se está haciendo en otros países; la misma ayudará a determinar lo que se ha pagado de más y demostrará que somos nosotros y nosotras los verdaderos acreedores. Como contribución a los recientes anuncios de su gobierno referidos al refuerzo presupuestario de varios programas sociales, tendientes a generar empleo, proteger cooperativas, micro emprendedores, agricultores familiares, infancia y tercera edad. Y en particular a la convocatoria realizada a dejar atrás viejas matrices de las políticas sociales de cuño neoliberal y a transitar cominos propios y novedosos es que consideramos urgente innovar en la toma de medidas de emergencia socio laboral tendiente a preservar las fuentes de trabajo, los ingresos populares ante la escalada inflacionaria y el acceso a los alimentos, siempre acompañadas de políticas que respeten y conserven un ambiente sano; particularmente nos referimos a los siguientes aspectos: ü Acceso a la alimentación: Con referencia a las políticas públicas alimentarias consideramos necesario señalar lo siguiente: Hasta el momento los programas alimentarios y de salud pública pese a sus enunciados no han tenido mayor impacto en reducir la inseguridad alimentaria (el valor monetario de las prestaciones no superan el cuarto de una canasta básica alimentaria como para contribuir a superar la indigencia), ni han tenido mayor impacto nutricional para erradicar la desnutrición en nuestro país. Los planes alimentarios de asistencia directa deben ampliar su cobertura a todos los hogares en riesgo social y nutricional y no quedar acotados a un cupo inmovilizado en el tiempo. La prestación monetaria de estos planes debe asegurar en todo el territorio nacional un aporte ajustado al de las respectivas canastas básicas alimentarias regionales, y coordinarse con las instancias nacionales, provinciales y municipales el financiamiento obligatorio de los hogares para erradicar la indigencia de modo urgente e inmediato. Rechazamos al respecto la permanencia de la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que ha afectado la credibilidad del sistema nacional de estadísticas para medir la inflación y la pobreza. No será dibujando la realidad con metodologías de dudoso consenso, como se transformará la injusticia y el flagelo de la pobreza de nuestro pueblo. Por estas razones consideramos indispensable desarrollar todo tipo de intervenciones que permitan la producción, elaboración y comercializació n de los productos alimentarios en función de atender las necesidades básicas de la población. La Ley de de Abastecimiento brinda una herramienta para que el estado intervenga en la fijación de precios internos, fijar topes mínimos y máximos en toda la cadena de producción y comercializació n. Esta facultad podría incrementarse notoriamente si se promueven campañas de difusión y mecanismos de control de la comunidad sobre los precios de los productos alimentarios esenciales en todos los eslabones de la cadena de producción y comercializació n. Sólo confiando en la organización y la movilización de nuestro pueblo se podrá salir de la crisis y asegurar la justicia en nuestra patria. Para asegurar el acceso a los alimentos consideramos indispensable: o Eliminar el gravamen del IVA para todos los productos que integran una Canasta Básica de Alimentos y Productos Esenciales. o Asegurar la soberanía alimentaria en función de un modelo agropecuario que basado en la producción de alimentos pueda atender las necesidades alimentarías de la población. En este sentido resulta urgente asegurar la tenencia de la tierra para las pequeñas y medianas economías agrícolas familiares y el acceso a circuitos de comercializació n alternativos regulados por el estado. o Financiamiento y otorgamiento de predios públicos para instalar ferias francas y almacenes comunitarios a fin de ubicar productos de unidades productivas de la economía solidaria. ü Empleo y salarios: Con el fin de asegurar la fuente de empleo y salarios justos consideramos indispensable: o Arbitrar todos los medios necesarios para evitar y/o sancionar, llegado el caso, toda medida empresarial que justifique despidos y suspensiones por tiempo indeterminado que generan gran inquietud en los hogares trabajadores. Por eso reclamamos una normativa que determine en cada caso la prohibición de despidos, el reparto solidario de horas con igual salario y la búsqueda de alternativas de planeamiento de la producción bajo control democrático de la comunidad. o Incrementar los montos monetarios de los planes de empleo equiparándolos, como mínimo, al de una canasta básica total para favorecer la erradicación de la pobreza y ajustarlos periódicamente acorde a la inflación real. o Incluir en todos los planes de obras públicas (saneamiento, construcción de hospitales, escuelas, pavimento, etc) la contratación de mano de obra local, con especial recomendación de incorporar a beneficiarios de programas de empleo. o Consideramos urgente incentivar y promover un sistema de economía social, que integre emprendimientos productivos solidarios, autogestionados y de empresas recuperadas, que incluya, entre otros aspectos, los siguientes reclamos: o Sancionar una Ley Nacional de Expropiación de Unidades Productivas, que garantice la continuidad de la actividad productiva en manos de los trabajadores de las empresas quebradas o en cesación de pagos. Que dicha norma incluya el financiamiento y capital de trabajo para la puesta en producción de estos emprendimientos, la creación de un Fondo de Reconversión Tecnológica, el planeamiento de la producción acorde a las necesidades sociales y el acceso a toda instancia institucional que favorezca el acceso a la comercializació n de los producido. Sanción del Régimen del Trabajador Autogestionado, que contemple desde lo fiscal, lo legal y lo económico un nuevo tipo de relación laboral asociativa. Este Régimen deberá resolver seguridad social, jubilación, salud, accidentes y enfermedades laborales de los trabajadores autogestionados. o Ley de Compras para la propiedad social que obligue al estado a comprar el 25% del presupuesto a las empresas sociales, recuperadas y autogestionadas. o Promover la inclusión social de los recuperadores urbanos (cartoneros) en una gestión integral de residuos sólidos urbanos (RSU) que incluya la recolección diferenciada, la recuperación y reciclado de residuos sólidos y orgánicos. Reorientar los presupuestos públicos para promover modelos de gestión de residuos urbanos respetuosos del medio ambiente e inclusivos socialmente. Hoy en día son los grupos económicos concentrados contratistas del estado quienes llevan la parte del león en los presupuestos provinciales y municipales. Hoy en día el modelo de relleno sanitario de entierro de la basura ha demostrado su irracionalidad con el grave impacto ambiental y sanitario que generan en la población. Es por esto que otro diseño alternativo de gestión de RSU puede resolver la inclusión social reconociendo la incorporación laboral, con goce de salario y beneficios sociales, de todos los cartoneros en base a su producción y el pago de su trabajo por promotor socio ambiental. En este espíritu, evaluamos la necesidad de tomar ya medidas económicas y políticas para superar definitivamente la gravísima situación que hoy vive nuestro pueblo sufriente. Convocando, además, a los afectados, a los movimientos y organizaciones sociales y políticas para discutir y construir acuerdos en torno a salidas que beneficien a todos y todas. Atentamente FirmantesAdela María Helguera- Religiosa Adolfo Pérez Esquivel- Premio Nóbel de la Paz Adriana Barbieri- Religiosa. Secretaria de Confar Alcira Argumedo-Socióloga - Investigadora Conicet Aldo Etchegoyen. Obispo Metodista Ángel Furlan. Pastor Evangélico Carlos Juliá. Abogado. El Grito de los Excluídos Carlos Saracini - Sacerdote Pasionista - Párroco Iglesia Santa Cruz Carlos Kunitzki – Parroquia Corazón de María – Rosario Daniel Eduardo Echeverría- Sacerdote Religioso Misionero de los SS Corazones– Secretario Adjunto Confar Diego Boris- Músico – Fundador de la UMA (Unión de Músicos Argentinos) Eduardo Murúa. Mov. Nacional de Empresas Recuperadas Federico Shäfer Pastor Evangélico Fernando Guzman - Coordinador laico de Justicia, Paz e Integridad de la Creación – Misioneros Claretianos. Fernando Pino Solanas- Cineasta – Presidente del MORENO – Ex diputado nacional Gladys Jarazo- Dialogo 2000 Grisela Lázaro – Religiosa de la Congregación de la Virgen Niña Jesús Olmedo - Sacerdote de La Quiaca Joaquín Piña - Obispo Emérito de Iguazú Jorge Torreiro - Area Política (Iglesia Sta. Cruz)Juan Abelardo Schvindt Pastor Sec Gral Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Juan Carlos Dimarco- Movimiento Social Misionero Juan E Ricci Docente – Ex Presidente del INAES Juan Pedro Schaad- Pastor Evangélico Juan Yahdjian -Médico – Coordinador panamericano de Justicia, Paz e Integridad de la Creación Miembro del Movimiento Social Misiones y del MOSIP. Julio Gambina Economista (FISYP). Julio C Raffo Abogado – Docente UBA – Asesor de la comisión de cultura del Congreso Nacional. Leonardo Pérez Esquivel Sociólogo Comisión por la Recuperación de las Privatizadas Liliana Josefina Badalori Cavagni. Religiosa Dominica Liliana Marzano Religiosa – Presidenta de la Conferencia Argentina de Religiosas y Religiosos. Luis Brunati Docente – Ex Diputado Nacional – Ex Ministro de Gobierno de Bs. As. Luis Coscia. Sacerdote Franciscano Martha Pelloni Religiosa - Presidenta Honoraria de La Red Nacional Alto al Tráfico, la Trata y la Explotación Sexual Comercial de Niños-Niñas y Adolescentes (RATT). Presidente –Mesa Directiva- de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (A.P.D.H.). Presidenta de la Casa de Derechos Humanos de Curuzú Cuatiá. Mirta Baravalle Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas Madre de Plaza de Mayo Linea Fundadora Oscar Eduardo Núñez – Iglesia Valdense de Flores Pedro Olmedo Obispo de la Prelatura de Humahuaca Rafael Atuati- Miembro de Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación – Misionero Claretiano Silvia Vidal- Colectivo de Mujeres de La Verdecita, Santa fe. Alicia Terzian. Compositora Beatriz Rajland Abogada FISYP Carlos Wilkinson. Sociólogo y escritor Eduardo Birentzwaiz. Investigador en Prevención y Protección de los Derechos Humanos Daniel Campione. Sociologo Flavia Campbell, Trabajadora Social Gabriela Cauduro. Cátedra Cultura de La Paz-UBA Guiilermo Cieza. Periodista y escritor. FPDS Grisela Lázaro – Religiosa de la Congregación de la Virgen Niña Gustavo Fabián Albornoz – Docente Colegio Claret – Buenos Aires Juan Pablo Gasme – Coordinador Pastoral del Colegio Claret – Buenos Aires Marisela Riera – Coordinadora Pastoral del Colegio Claret – Rosario Rita Bosch religiosa. Rodolfo Murillas – Abogado – Bahía Blanca Roxana Marini – Docente Colegio Claret – Bahía Blanca Roxana Rodríguez - integrante de UST-ANTA Silvia Torres – Psicóloga – Jujuy Valeria Álvarez – Centro de Estudiantes ISEDET – Buenos Aires Teresa Malalan. Docente- Buenos Aires Organizaciones
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